Siempre que sale a la luz noticias sobre incendios en nuestros montes, sale a debate cuáles son las consecuencias-- además de las medioambientales y forestales-- las de índole política, en el sentido de especulación urbanística.
Muchas personas creen que detrás de todo esto existen intereses económicos a la hora de recalificar el terreno para obras en suelo donde ha habido incendio. Otra gente determina y cita una reforma de la Ley de Montes que se aprobó allá por el año 2005 donde se prohíbe construir en dichos terrenos hasta que pasen 30 años. Pero claro, existen algunos preceptos donde es posible construir "cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden". Aunque, para ello, los Gobiernos regionales deben aprobar una ley autonómica que especifique cuáles son esas "razones"-- citando de El País--. Aquí es donde entra la polémica, incluso portavoces de plataformas tan conocidas como Greenpeace sale al paso de que en España los incendios no son provocados para dicha especulación, pero sí dice que en época de Zapatero, se puso en marcha la Ley de Montes para recalificar zonas o terrenos quemados en la cosa. Curioso no. ¿En qué quedamos? ¿En nuestro país los incendios no son provocados para tal índole, pero en otras épocas sí? Increíble. Ni de Greenpeace en materia de medio ambiente se puede uno fiar... y menos cuando entra el amigo "dinero" en escena.
